La reforma constitucional más importante del centenario

Por Ángel Oswaldo Reyes Flores*

@angelusiuris

Estamos a cien años de la promulgación de nuestra constitución vigente, para muchos será una celebración y para otros un recordatorio de un proyecto de nación sin continuidad y en consecuencia destinado al fracaso. Independientemente de las diferentes posturas que pueda haber en torno a esta cuestión, hay que señalar algunas consideraciones, obvias tal vez, pero necesarias para entender el porqué de la situación actual.

Para empezar, debe decirse que la Constitución de 1917 estuvo pensada para conciliar las diferencias sociales incorporando las demandas obreras y campesinas que dieron origen a la revolución de 1910. Así, en esta Constitución se establecieron algunos principios políticos como la no reelección presidencial y el régimen municipal; así como otros principios sociales como la educación laica, gratuita y obligatoria; el régimen de propiedad de la tierra y los derechos de los trabajadores.

A lo largo de todos estos años, al documento original se le han hecho una serie de modificaciones las cuales han sido evidencia de otros cambios políticos y sociales que se han dado en el devenir histórico del país. Los más importantes, tal vez fueron la del 18 de marzo de 1938 que impulsó la nacionalización del petróleo mexicano, otra fue la de 1982 que tuvo como propósito nacionalizar la banca, la de 1990 que creó el Instituto Federal Electoral, la de 2012 en materia laboral y finalmente la reforma energética de 2013.

Si analizamos a fondo estas reformas fácilmente podremos darnos cuenta de que nuestro país empezó su historia constitucional como un proyecto social incluyente sustentado en el reconocimiento de los derechos de las clases trabajadoras, pero a la postre se convirtió en una empresa política supeditada a los movimientos del capital, lo cual puede apreciarse con las últimas reformas en materia educativa, laboral y energética, que nos han debilitado económicamente y nos han puesto a merced de las condiciones comerciales de los Estados Unidos.

No obstante lo anterior, hay una reforma que rescatar en estos cien años de incongruencias, esta reforma no tiene que ver directamente con el manejo que los políticos hacen de nuestro país; sin embargo, puede ser una pieza clave si se busca corregir el rumbo de la nación. Me refiero a la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos.

Esta reforma es de capital importancia ya que busca hacer de la Constitución mexicana, más que un instrumento organizativo, un instrumento de justicia social. Esto debido a que impone a las autoridades en el marco de sus funciones (incluidos el Poder Ejecutivo y Legislativo) la promoción, protección, respeto, y garantía los derechos humanos.

Pero ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellas facultades que permiten a las personas desarrollar su proyecto de vida, razón por la cual se caracterizan por ser universales, inalienables, interdependientes e indivisibles. De acuerdo con la teoría pueden ser clasificados como Derechos Civiles y Políticos (DCP) tales como la protección y disfrute de la vida, libertad, igualdad, propiedad, proceso legal, el voto y la participación en el gobierno; o bien como Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) como familia, medio ambiente, trabajo, salud, seguridad social, educación y cultura. Estos derechos podemos encontrarlos en los primeros 37 artículos de nuestra Constitución y más adelante en el 123 por lo que hace a los derechos de los trabajadores.

Al establecer esta reforma constitucional el Estado mexicano se comprometió a la promoción de los derechos humanos, lo cual implica que el Estado, no sólo los haga del conocimiento de sus gobernados, sino que a la par, explique cuál es el contenido de los mismos y con qué mecanismos cuentan para hacerlos valer. También se compromete al respeto a los derechos humanos, lo cual denota que el Estado no intervenga en su observancia, es decir, que no marque ningún límite al ejercicio de éstos. Asimismo debe garantizarlos, o sea que debe satisfacer plenamente los derechos de los gobernados, de forma análoga a cuando se adquiere algún producto que tiene garantía, así puede acudirse al mismo Estado para que el derecho sea restituido o reparado. Finalmente, en cuanto se habla de protección esto conlleva una acción por parte del Estado, o sea, que no basta con que no se limite el ejercicio de los derechos, sino que debe intervenir activamente y en todo momento para evitar que estos sean lesionados.

Cabe señalar que el mecanismo de defensa de nuestros derechos constitucionales es el Juicio de Amparo, el cual es un proceso de carácter federal cuyas reglas se encuentran contenidas en la Ley de Amparo al que puede acudir cualquier persona, incluso menores de edad en casos urgentes, mediante una demanda por escrito o aún por medios electrónicos, sin necesidad de abogado. De igual forma hay que señalar que puede acudirse a este medio para la defensa de derechos sociales.

Mural Constitución de 1917, de Jorge González Camarena (1966)

Es por lo anterior, que con la reforma constitucional de junio de 2011 se puede retomar el curso de la defensa de los derechos sociales, como inicialmente se buscaba con la Constitución; además que en este centenario a los gobernados nos queda informarnos sobre nuestros derechos constitucionales y exigirlos, ya que con ello tomamos un papel activo ante el abuso de poder de parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno, tal vez ese sea el cambio más importante, para que este documento pase de un instrumento meramente histórico a uno de verdadero cambio en la vida de los habitantes de la nación.


*El autor es licenciado en Derecho por la UNAM FES Aragón; maestro en Derecho por la UNAM y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de la Sierra Sur

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